La iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo busca complementar la simplificación y digitalización de trámites con reglas claras sobre cómo deben actuar las autoridades frente a ciudadanos y empresas.
Al compartir la iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial (CEMERGE), el Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE33) encontró coincidencias entre la propuesta y las políticas públicas encaminadas a eliminar trámites innecesarios y facilitar la relación de ciudadanos y empresas con el gobierno.
José Miguel Loredo López, presidente en turno de CORE33, recordó que la semana pasada integrantes del colectivo sostuvieron una reunión con el director de CEMERGE, Francisco Higuera Castro, y su equipo de trabajo, para intercambiar puntos de vista sobre el contenido de la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado y las acciones que actualmente desarrolla la dependencia.
Durante la conferencia de prensa quincenal de CORE33, Loredo López resaltó que ambos esfuerzos pueden operar de manera complementaria: mientras la política de mejora regulatoria busca simplificar, homologar y digitalizar trámites, la iniciativa pretende establecer reglas generales sobre la manera en que las autoridades deben desarrollar los procedimientos administrativos y relacionarse con los gobernados.
SIMPLIFICAR EL TRÁMITE Y REGULAR LA ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD
El dirigente empresarial explicó que la propuesta busca establecer un piso común para la actuación administrativa, definiendo cómo deben desarrollarse los procedimientos y bajo qué reglas deben emitirse, notificarse, ejecutarse y revisarse los actos de autoridad.
La simplificación administrativa, señaló, puede reducir requisitos, tiempos y costos para ciudadanos y empresas. Sin embargo, digitalizar un trámite no resuelve por sí mismo todos los problemas que pueden surgir en la relación con el gobierno.
Aunque una gestión pueda iniciarse por internet, detrás de la plataforma continúa existiendo una autoridad que recibe información, revisa documentos, interpreta disposiciones y finalmente autoriza, previene o rechaza una solicitud.
Por ello, CORE33 considera necesario que la simplificación y digitalización estén acompañadas de reglas que permitan reducir espacios de discrecionalidad y hacer más predecible la actuación administrativa.
“El propósito es que el gobernado conozca no solamente los requisitos de un trámite, sino también cómo debe actuar la autoridad frente al mismo”, puntualizó Loredo López.
PREVENIR CONFLICTOS ANTES DE LLEGAR A TRIBUNALES
Otro de los propósitos de la iniciativa es generar condiciones para que determinados problemas puedan prevenirse, corregirse o resolverse dentro de la propia administración antes de convertirse en controversias judiciales.
José Miguel Loredo señaló que cuando una autoridad niega incorrectamente una solicitud, no responde adecuadamente o incurre en irregularidades que obligan posteriormente al ciudadano a acudir ante los tribunales, se generan costos para ambas partes.
El ciudadano o la empresa deben destinar tiempo y recursos a su defensa, mientras que las dependencias públicas también utilizan personal, recursos jurídicos y presupuesto para atender controversias que, en determinados casos, pudieron evitarse desde el procedimiento administrativo.
La propuesta busca introducir precisamente una lógica de prevenir, corregir y resolver antes de la demanda, fortaleciendo la posibilidad de que la propia administración revise sus actuaciones cuando corresponda.
Para CORE33, obligar al ciudadano a judicializar innecesariamente su relación con el gobierno resulta contrario a una administración pública moderna y eficiente.
INSPECCIONES Y VERIFICACIONES, UN PUNTO DE ENCUENTRO
Loredo López resaltó que durante la reunión con CEMERGE se identificó una oportunidad específica de articulación en materia de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias.
Estas actuaciones representan uno de los momentos de mayor contacto directo entre la autoridad y las empresas, por lo que contar con procedimientos definidos puede contribuir a dar mayor certeza tanto al servidor público que realiza una inspección como al establecimiento que la recibe.
Desde la perspectiva de CORE33, la mejora regulatoria puede ayudar a homologar y simplificar requisitos, mientras una Ley de Procedimiento Administrativo puede establecer garantías y reglas generales sobre la manera en que deben desarrollarse las actuaciones de la autoridad.
DOS ESFUERZOS QUE PUEDEN COMPLEMENTARSE
El presidente en turno de CORE33 sostuvo que la coincidencia encontrada con CEMERGE permite distinguir dos dimensiones de un mismo objetivo.
Por una parte, hacer más sencilla la relación con el gobierno, eliminando requisitos innecesarios, reduciendo tiempos y aprovechando herramientas digitales. Por otra, dar certeza sobre la actuación de la autoridad, estableciendo procedimientos y obligaciones que permitan al ciudadano conocer qué puede esperar después de presentar una solicitud o iniciar un trámite.
De esta manera, simplificación administrativa y procedimiento administrativo no serían esfuerzos contrapuestos, sino complementarios.
Para CORE33, el objetivo final es avanzar hacia una administración pública en la que ciudadanos y empresarios no solamente tengan que realizar menos trámites, sino que también cuenten con reglas más claras en su relación cotidiana con la autoridad.